Fecha de publicación:26/05/2017 0:00

  • A través de una Declaración Institucional se exige al Gobierno Nacional y al de la Comunidad de Madrid a que velen por el cumplimiento de las leyes vigentes en relación con la educación inclusiva garantizando el derecho a la educación igualitaria y de calidad.

ESCOLARIZACIÓN INCLUSIVAImagen en alta resolución. Este enlace se abrirá mediante lightbox, puede haber un cambio de contextoEl Pleno del Ayuntamiento de Móstoles ha aprobado una declaración institucional para que, a través de la misma, se promueva una propuesta de ley que ponga en marcha medidas prioritarias para la promoción de la escolarización inclusiva en el ámbito de la educación no universitaria en la Comunidad de Madrid, ejerciendo así la iniciativa legislativa que confiere a los Ayuntamientos la Ley 6/1986 de 25 junio.


Dicha iniciativa, además, responde a una demanda ciudadana tanto de vecinos como de colectivos sociales y educativos que conforman el movimiento ciudadano por la escolarización inclusiva en la Comunidad de Madrid.


Asimismo, desde el Pleno se realizarán las gestiones oportunas para crear una comisión formada por alcaldes o los representantes de cada corporación que se estimen oportunos para que participen en dicha iniciativa Legislativa y que ésta se eleve a la Asamblea de Madrid.


Por otro lado, a través de esta Declaración, se insta y exige al Gobierno Nacional y al de la Comunidad de Madrid a que velen por el cumplimiento de las leyes vigentes en relación con la educación inclusiva garantizando el derecho a la educación igualitaria y de calidad.


Para ello, la Declaración del Pleno mostoleño se apoya en postulados de distintos organismos internacionales, entre ellos la UNESCO, UNICEF, ACNUR, Programa para el Desarrollo de Naciones Unidas, ONU Mujeres y el Banco Mundial, garantes del Foro Mundial de Educación que en 2015 aprobó la Declaración de Incheon (Corea del Sur) en la que insta a todos los gobiernos a que se tomen medidas "para que se camine hacia una educación inclusiva, con equidad y de calidad para todos, a lo largo de toda la vida".

Además, la Convención sobre los Derechos de las personas con discapacidad, ratificada por España en 2008, dispone que los estados "firmantes deben asegurar que las personas con discapacidad puedan acceder a una educación primaria y secundaria inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones con las demás, en la comunidad en que vivan".


La Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia, dependiente del Consejo de Europa, ha detectado que los problemas de la educación en España incluyen la desigual distribución del alumnado inmigrante y gitano-romá, la existencia de escuelas "gueto" y prácticas discriminatorias en el proceso de admisión, que permiten a los colegios concertados seleccionar a su alumnado.


Estas prácticas impiden el pleno derecho a la educación de una parte significativa del alumnado de la región. En las grandes ciudades de la Comunidad de Madrid, entre ellas Móstoles, están constatados dichos patrones de segregación entre el alumnado más vulnerable. Por todo ello dicho organismo propone a las autoridades españolas la revisión de los criterios de admisión de los alumnos en centros públicos y privados concertados y que tomen las medidas necesarias para garantizar una distribución equitativa de los alumnos