Fecha de publicación:28/04/2017 0:00

  • En defensa de los intereses de la ciudadanía, se ha aprobado esta moción de urgencia para personarse en el caso que investiga, entre otros asuntos, la adjudicación de las obras de la línea de tren de Móstoles a Navalcarnero.

  • Entre los acuerdos alcanzados, se ha aprobado el trasladar a la Comisión de Investigación aquellos hechos que afecten al municipio, para que ésta decida si son objeto de su incorporación o no a los trabajos que ya investiga.


Operación LezoImagen en alta resolución. Este enlace se abrirá mediante lightbox, puede haber un cambio de contextoTras su aprobación en el Pleno ordinario celebrado ayer, el Ayuntamiento de Móstoles se personará en el caso de la 'Operación Lezo' como parte perjudicada en la causa que instruye el juez Eloy Velasco, en el caso de presuntas irregularidades en el Canal Isabel II.


En la moción de urgencia presentada por los tres Grupos municipales que conforman el Gobierno local (PSOE, Ganar Móstoles e IUCM-LV), se denuncia que la presunta trama de corrupción que ha tenido en Móstoles una de sus claves y por ello los firmantes exigen que se depuren las oportunas responsabilidades.

Además, entre los acuerdos alcanzados, se ha aprobado el trasladar a la Comisión de Investigación aquellos hechos que afecten al municipio, para que ésta decida si son objeto de su incorporación o no a los trabajos que ya investiga.

Con este objetivo, la localidad, tercera accionista del Canal Isabel II, después de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, explican los firmantes de la propuesta, exigirá que se revise la legalidad y el posible daño causado a los intereses municipales, de los convenios suscritos por el anterior Gobierno local del Partido Popular con el Canal de Isabel II y la Comunidad de Madrid.

Dichos convenios hacen referencia al firmado con fecha de 6 de junio de 2012, por el que se incorpora el Ayuntamiento de Móstoles al modelo de Gestión del Canal de Isabel II; al convenio por el que se regula la Gestión Integral del servicio de distribución, suscrito el 7 mayo de 2010; y también al convenio de colaboración para la prestación del servicio de alcantarillado en el municipio de Móstoles, con fecha del 7 de mayo de 2010, "con una concesión a 50 años causando un quebranto económico en el tiempo de 32 millones de euros".

En este contexto, se añade en la propuesta, y debido a que el Ayuntamiento forma parte del accionariado de la sociedad anónima Canal de Isabel II desde 2012, "la desviación de fondos públicos del Canal que está siendo investigada pudiera derivar en un importante perjuicio patrimonial para el Ayuntamiento de Móstoles y, por tanto, para los vecinos y vecinas".

"Ante la gravedad de los hechos que están siendo objeto de investigación, el Ayuntamiento de Móstoles tiene la obligación de actuar con firmeza en defensa de los intereses de sus vecinos y vecinas", es lo que justifica la urgencia de la moción aprobada por el Pleno de Móstoles, con los votos en contra del Grupo Popular.

Tren Móstoles Navalcarnero

La adjudicación de las obras de la línea de tren de Móstoles a Navalcarnero es otra de las principales líneas de investigación de la Operación Lezo.

En defensa de los derechos de los vecinos y vecinas de Móstoles, los grupos que presentaron la moción consideran que existen motivos "más que suficientes" para que este Ayuntamiento se persone como acusación particular en la causa, como parte afectada.


Las obras del tren Móstoles a Navalcarnero, adjudicadas por una concesión administrativa a la empresa OHL se paralizaron hace 6 años, tras más 140 millones invertidos. El actual gobierno del Ayuntamiento de Móstoles lleva meses exigiendo a la Comunidad de Madrid y a OHL una solución a este problema enquistado de la ciudad de Móstoles, con el objetivo de que los mostoleños y mostoleñas cuenten con una infraestructura muy necesaria que comunicaría a los vecinos y vecinas de Parque Coimbra, donde viven unas 20.000 personas, con la red de cercanías, así como el soterramiento de las vías del tren a su paso por la ciudad.