Fecha de publicación:28/04/2017 0:00

Iniciativa legislativa derecho viviendaImagen en alta resolución. Este enlace se abrirá mediante lightbox, puede haber un cambio de contextoEl Pleno municipal de Móstoles, celebrado en la tarde de ayer, ha acordado exigir que se promulgue una Ley urgente de derecho a la vivienda. Con esta iniciativa, presentada por los grupos municipales PSOE, Ganar Móstoles e IUCM-Los Verdes, Móstoles se suma a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) promovida por la Plataforma de Afectados por la hipoteca (PAH), Junto con la Federación de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) y la Asociación Libre de Abogadas.


Teniendo en cuenta que la citada ILP necesita 50.000 firmas para que sea tomada en consideración por la Asamblea de Madrid, el Pleno de Móstoles se ha comprometido a reflejar activamente su adhesión "en todos los ámbitos de participación donde tenga voz y voto en materia de vivienda".


Asimismo, el Ayuntamiento también se ha comprometido a instar a todos los grupos políticos de la Asamblea de Madrid a la aprobación concreta de la ILP para una Ley Urgente por el Derecho a la Vivienda en la Comunidad de Madrid.


Una ILP que reconoce la vivienda como un derecho


Según se explica en la moción, en la actualidad no existe una Ley Integral de Vivienda de la Comunidad de Madrid, lo cual es una anomalía teniendo en cuenta que la vivienda es un derecho fundamental y que las comunidades autónomas tienen competencia exclusiva en la materia.


"El derecho a la vivienda digna se reconoce en el artículo 47 de la Constitución Española y por los tratados internacionales, pero de nada sirve reconocer los derechos si estos no tienen un desarrollo normativo que materialice dichos derechos", denuncian los firmantes de la propuesta.


Reflejo de esta falta de legislación, continúan, es el raquítico parque de vivienda pública que apenas alcanza el 1%. Actualmente existen casi 300.000 demandantes de vivienda pública de los cuales 4.700 son de especial necesidad para los que la Comunidad de Madrid sólo dispone 163 alojamientos.


"Esta ILP quiere blindar las viviendas públicas y evitar que se puedan enajenar viviendas públicas a fondos de inversión. Además, la ILP reconoce la vivienda como un derecho y como tal debe situarse fuera de la lógica especulativa del mercado, debe evitarse la especulación y las burbujas para que se vuelva a repetir la vulneración sistemática de un derecho fundamental", se explica en la moción.