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  • El hasta ahora interventor dio el visto bueno a adjudicaciones que están siendo investigadas por los Tribunales de Justicia españoles por presunta corrupción dentro de la trama Púnica y la Gürtel y que aprobaron los exalcaldes del PP imputados Esteban Parro y Daniel Ortiz.

Ayuntamiento MóstolesPImagen en alta resolución. Este enlace se abrirá mediante lightbox, puede haber un cambio de contextoAyuntamiento MóstolesPEl Gobierno de Móstoles acusa al PP de mentir sobre el cese del interventor que este miércoles fue aprobado por la Junta de Gobierno.


El Gobierno Local ha perdido la confianza en este alto cargo, cuya firma está en los informes favorables a contratos que están siendo investigados por los Tribunales de Justicia españoles por presunta corrupción dentro de las tramas Púnica y Gürtel. Adjudicaciones autorizadas por dos exalcaldes del PP imputados, Esteban Parro y Daniel Ortiz, con los que trabajó codo con codo en los episodios más negros de la historia del Ayuntamiento de Móstoles.


El hasta ahora interventor ha sido, además, el responsable de fiscalizar, sin ninguna objeción, los presupuestos del Instituto Municipal del Suelo (IMS). Un ente con una deuda de unos 53 millones de euros que está al borde de la quiebra y en vías de presentación de un preconcurso, aprobado ya por su propio con Consejo de Administración.


"Entendemos que Mirina Cortés, que defiende a sus exalcaldes imputados, Esteban Parro y Daniel Ortiz, a capa y espada, defienda también a las personas que trabajaron con ellos y que dieron el visto bueno a adjudicaciones que están bajo el punto de mira de la Justicia por presunta corrupción- apunta la Concejala de Presidencia y Desarrollo Urbano, Marisa Ruiz- pero no entendemos cómo partidos de izquierdas se ponen del lado de la ultraderecha y piden explicaciones por el cese de una persona que firmó informes favorables a causas investigadas por corrupción y que, además, ha fiscalizado las cuentas del IMS, un ente que está al borde de la bancarrota, poniendo en peligro el puesto de trabajo de 28 personas".


El cargo de interventor es un cargo de libre designación, no está sometido a un proceso selectivo, el PP miente sobre este punto. El hasta ahora interventor había sido nombrado a dedo por un alcalde y ha sido cesado por acuerdo de la Junta de Gobierno siguiendo el procedimiento administrativo legal correspondiente.


La decisión entra dentro del proceso de renovación que está llevando a cabo el Gobierno Local para romper con cualquier rastro de corrupción en el Ayuntamiento. El hasta ahora interventor ha sido reasignado a un puesto acorde con su nivel como funcionario.