Móstoles hace balance de las actuaciones de la Oficina Municipal de Defensa al Derecho de la Vivienda
La Oficina Municipal de Defensa al Derecho de la Vivienda es un servicio puesto en marcha por el actual Gobierno para atender a la ciudadanía que padece problemas habitacionales. Desde este servicio se estudia y analiza cada caso a fin de aportar soluciones, ya sean por problemas hipotecarios, de arrendamiento u ocupación.
Eduardo Gutiérrez, concejal de Urbanismo y Vivienda: "El balance de la gestión que desempeña la oficina, en contra de lo que puedan decir algunas voces, presenta unos resultados más que positivos". Esta oficina, ha dicho, desempeña un papel que anteriormente ninguna institución pública, y por supuesto tampoco el Ayuntamiento de Móstoles, venía prestando.
El Ayuntamiento de Móstoles ha hecho balance de las actuaciones realizadas por a la Oficina Municipal de Defensa al Derecho a la Vivienda, inaugurada el pasado 4 de septiembre de 2015.
El objetivo de la apertura de esta Oficina Municipal, comentan los responsables municipales, ha sido el de atender y asesorar por parte del personal municipal a aquellos vecinos y vecinas de Móstoles en riesgo de perder su vivienda. Se trata, por tanto, de aliviar en muchos casos las delicadas situaciones que muchos de ellos tienen en un asunto tan trascendente como es la vivienda, debido a la dura crisis económica que afecta principalmente a estos sectores más vulnerables de la sociedad.
Para Eduardo Gutiérrez, concejal de Urbanismo y Vivienda, el balance de la gestión que desempeña la oficina, "en contra de lo que puedan decir algunas voces", presenta unos resultados más que positivos. Esta oficina, ha dicho, desempeña un papel que anteriormente ninguna institución pública, y por supuesto tampoco el Ayuntamiento de Móstoles, venía prestando: "Anteriormente las personas afectadas por desahucio no tenían ninguna referencia municipal que les sirviera de apoyo, asesoramiento y, en definitiva, de guía para afrontar tan difícil situación", aseguró.
En este sentido, el edil también ha reconocido, sin embargo, la labor de todos aquellos colectivos y asociaciones que desde hace años vienen trabajando desinteresadamente en pro de las familias y de la defensa del derecho a la vivienda. Coincidiendo todos en la finalidad de acabar con el drama de los desahucios y los problemas habitacionales.
Paralización de desahucios y subastas
Las actividades y resultados llevados a cabo por la oficina, desde su inauguración, según los datos facilitados, contabilizan la paralización de cinco subastas de viviendas inminentes y la paralización de cuatro lanzamientos/desahucios (hipotecarios y de ocupación). Además, se ha reclamado la aplicación del Código de Buenas Prácticas a 16 expedientes; se ha conseguido la reapertura de negociación con el banco en 11 ocasiones, cuando la entidad ya había decidido no continuar negociando; la refinanciación de cuatro créditos hipotecarios; se han conseguido cuatro alquileres sociales por parte de los bancos; se han conseguido cinco ofertas de dación en pago y la devolución de dos plusvalías por dación de pago.
Por otra parte, las gestiones llevadas a cabo desde la oficina han permitido el acuerdo de una condonación de deuda posterior a la subasta de unos 60.000 euros y se está trabajando en otras tres. Se han pactado dos reducciones del tipo de interés y se han puesto al día en los pagos seis familias.
En la actualidad, el servicio está revisando la documentación de diferentes expedientes para solicitar la aplicación del Código de Buenas Prácticas, así como de otros expedientes en los que sería posible la moratoria del lanzamiento durante varios años en la vivienda, una vez subastada y siendo el banco adjudicatario. Existen 27 casos en los que los interesados están pendientes de aportar documentación.
La oficina ha logrado revolver tres expedientes de reestructuración de deuda municipal. Sin embargo, reconocen, existen casos que por su avanzada situación o por el altísimo nivel de endeudamiento se hace muy complicados, si bien siempre se busca una posible solución.
A diferencia de otras oficinas de intermediación o defensa del derecho a la vivienda, no se están aplicando límites de endeudamiento o de cumplimiento de las circunstancias de aplicabilidad del Código de Buenas Prácticas. Asimismo, se han atendido muchos casos en los que simplemente se han planteado consultas sobre vivienda en general.
Incorporación de una Trabajadora social
Desde la incorporación de una trabajadora social a la Oficina de Defensa del Derecho a la Vivienda, el pasado 28 de enero, se ha atendido a 20 familias con problemas de vivienda.
Se pretende dar un servicio de forma inmediata a las dificultades sociales añadidas a la problemática de vivienda. Mediante información, valoración y asesoramiento se realiza de forma conjunta un Plan de Intervención, donde trabajadora social y el interesado van generando un itinerario mediante alternativas y posibles soluciones a las diferentes dificultades que tenga la unidad familiar.
La oficina también informa sobre los derechos y prestaciones que les corresponden debido a su situación social, así como el abanico de recursos donde poder ir solucionando su situación.
En este contexto, la oficina ha realizado 27 atenciones, un Protocolo de colaboración con Servicios Sociales y con la Empresa Municipal de Promoción Económica y Empleo (EMPESA) y, además, ha solicitado 15 viviendas de IVIMA.
Asimismo, ha realizado cuatro derivaciones a los Servicios Sociales, cuatro a EMPESA y recursos de empleo, con informes de derivación. Se han realizado dos solicitudes para viviendas sociales de entidades bancarias, tres ayudas de emergencia y ha tramitado tres solicitudes de valoración de discapacidad.