Ayuntamiento de Mostoles

• Para el Pleno de la Corporación de Móstoles, "las medidas económicas aplicadas por el Gobierno han dejado a los ayuntamientos sin posibilidad de cumplir el papel que deben desarrollar en la mejora de los servicios de bienestar, la creación de nuevo empleo y todos los servicios de proximidad demandados por los ciudadanos".
  
  
• El Destino del superávit, la deuda pública municipal y la tasa de reposición de los empleados públicos son las principales reivindicaciones que llevan años planteando las Administraciones Locales al Gobierno de España.

Imagen en alta resolución. Este enlace se abrirá mediante lightbox, puede haber un cambio de contextoPleno revision gasto 1En la misma se indica que las Administraciones Locales están cumpliendo ampliamente con sus compromisos de estabilidad presupuestaria y los objetivos marcados por el Gobierno.

Según señala la moción, "el Gobierno lleva años sometiendo a las entidades Locales a un estricto control presupuestario y económico, mediante la regulación de diferentes aspectos que, prácticamente, han dejado a los ayuntamientos sin posibilidad de cumplir el papel que deben desarrollar en la mejora de los servicios de bienestar, la creación de nuevo empleo y todos los servicios de proximidad demandados por los ciudadanos".

El conjunto de las Corporaciones Locales registró en 2016 una disminución del gasto del 1,2 %, lo que ha supuesto el cumplimiento de la regla de gasto en el presente ejercicio, ya que la tasa de variación que se permite es del 1,8 %. En Móstoles, los incumplimientos en la liquidación de 2106 fueron puntuales, al tener que reconocerse las deudas provenientes de las expropiaciones de hace más de 12 años. Si no se hubiesen reconocido estas deudas, el Ayuntamiento de Móstoles no hubiera incumplido la regla de gasto. Es más, su capacidad de financiación hubiera sido de en torno a 17 millones de euros.

Por este motivo, el Pleno solicita la eliminación de los límites que ha impuesto el Gobierno a los fines para que las Entidades Locales, siempre y cuando tengan las cuentas saneadas, puedan destinar el superávit que generen en cada ejercicio presupuestario a promover programas y servicios que demanda la ciudadanía como políticas sociales, políticas activas de empleo, programas de Igualdad y políticas destinadas a la Juventud, entre otras.

En relación a los objetivos de la deuda pública marcados por el Gobierno, los ayuntamientos han alcanzado el objetivo, ya que en 2016 fue del 3,0 % del PIB y se ha logrado al final del ejercicio el 2,9 %. El porcentaje se sigue reduciendo para los próximos años, lo que es una medida discriminatoria hacia los Gobiernos Locales en relación con el Estado y las Comunidades Autónomas, que suman la práctica totalidad de la deuda del país. Por eso, indica la moción, es necesario que se supriman las restricciones a la concertación de operaciones de endeudamiento por parte de las entidades locales no incursas en los supuestos de la Ley de Estabilidad.

Asimismo, el Pleno de Móstoles apela a que se pongan en marcha mecanismos para que las Administraciones Locales puedan modificar los planes de ajuste que se aprobaron en 2012 y 2103, con el objetivo de establecer otros criterios de ahorro, incremento de ingresos o reducción de gastos a los aprobados en su día, siempre en el marco del equilibrio presupuestario a lo largo del ciclo de dichos planes.

Otra de las consecuencias de las medidas tomadas por del Gobierno es la disminución de empleados públicos en los Ayuntamientos, que desde enero de 2011 a julio de 2016 ha supuesto una reducción del 15,39 %. Una merma que también ha afectado al Ayuntamiento de Móstoles, donde existen grandes carencias de personal motivadas por las restricciones de la tasa de reposición, lo que ha ocasionado graves dificultades para la prestación de los servicios que obligatoriamente tiene encomendados el Ayuntamiento.

Ante esta situación, el Pleno insta al Gobierno a que se modifique la regulación de la tasa de reposición de los efectivos en la Administración Local de manera que alcance en los servicios de interés prioritario el 150% y el resto de los servicios municipales el 100% y eliminar las restricciones para no computar dentro de dichas tasas el rescate de los servicios municipales privatizados.