El Consejo de Administración del IMS acuerda depurar responsabilidades por la situación de insolvencia del ente público respecto a anteriores gestores que pudieran ser responsables, y cuyas actuaciones no hayan prescrito, por un presunto delito de falsedad contable continuada y administración desleal
- El análisis de la auditoría independiente, realizado a instancias de la Consejera Delegada del Instituto Municipal del Suelo Móstoles, S.A. (IMS), pone de manifiesto que la empresa pública podría estar en insolvencia al menos desde 2011 y que el PP podría haber utilizado presuntamente una ingeniería contable para camuflar las pérdidas y las deudas del IMS.
Imagen en alta resolución. Este enlace se abrirá mediante lightbox, puede haber un cambio de contextoUna auditoría contable, llevada a cabo por un auditor independiente a instancias de la actual Consejera Delegada del Instituto Municipal del Suelo Móstoles, S.A. (IMS) y Concejala de Presidencia y Desarrollo Urbano, Marisa Ruiz, ha puesto de manifiesto que, al menos desde 2011, las cuentas del IMS no reflejan la imagen fiel de la empresa tal y como exige la legislación mercantil y que la empresa municipal estaría en situación de insolvencia.
Del análisis de dicha auditoría se puede deducir:
1) Que se han estado aprobando en la Junta General del IMS unas cuentas que no se ajustaban a la realidad, que no reflejan el estado real ni la imagen fiel de las cuentas de la empresa al menos desde el año 2011, fecha en la que el Partido Popular decidió disolver la Empresa Municipal de Aparcamientos e integrar a su personal, su patrimonio y deudas en el IMS.
2) Que a la empresa contratada para realizar los trabajos de auditoría de cuentas anuales no se le han facilitado los datos reales, por lo que dichas auditorías estarían realizadas sobre datos no reales.
3) Que el Interventor General del Ayuntamiento de Móstoles, ya cesado, habría incumplido sus funciones de control sobre la exactitud de los datos consignados en el Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, en relación con lo dispuesto en el artículo 28 de los Estatutos de la Sociedad y ha actuado negligentemente respecto de las funciones que tenía atribuidas y su obligación respecto a la Junta General de la Sociedad.
Ante las dudas que se suscitaban sobre el estado real de las cuentas de la empresa municipal, a la que anualmente había que transferir 1,5 millones de euros para el pago de salarios, la Alcaldesa Noelia Posse ordenó al entonces Consejero Delegado, el Concejal de Más Madrid- Ganar Móstoles Gabriel Ortega Sanz, auditar la empresa pública en el año 2018. Algo a lo que Ortega se negó de forma negligente y continuó durante su etapa al frente del ente presentado para su aprobación unas cuentas que, como ha acreditado el informe de la auditoría independiente, no reflejaban el estado real de la empresa pública.
Según la auditoría realizada, la situación real de la empresa pública es que a día de hoy tiene unas pérdidas acumuladas de más de 24 millones de euros y una deuda de más de 45 millones de euros, lo que ha obligado al Consejo de Administración a acordar la presentación de un preconcurso de acreedores con el objeto de acometer cuanto antes el proceso integral de saneamiento y reorganización de la empresa para dejarla en una situación ordenada que permita continuar con la finalidad para la que fue creada.
En opinión de la actual Consejera Delegada y Concejala de Presidencia y Desarrollo Urbano, "lo que estamos viviendo es un ejemplo más de la mala gestión que el Partido Popular ha realizado con el Patrimonio Municipal durante sus 12 años de Gobierno".
Este lunes, el Consejo de Administración ha acordado, sin ningún voto en contra de ningún Consejero de ningún partido, contratar a los profesionales necesarios para que determinen si hay delito y, si es así, emprender las actuaciones que correspondan ante el Juzgado de Instrucción u órgano correspondiente al objeto de depurar responsabilidades respecto a los anteriores gestores que pudieran ser responsables por acción u omisión de sus competencias y responsabilidades y cuyas actuaciones no hayan prescrito, y contra quien resulte autor o responsable de la falsedad contable continuada y la administración desleal del ente público.
La actual Consejera Delegada del IMS, Marisa Ruiz, considera que la auditoría forense ha puesto de manifiesto que el PP llevó a la ruina al IMS, que podría estar en insolvencia al menos desde 2011 y que, presuntamente, habría estado encubriendo los hechos con una ingeniería contable que posibilitaba que las pérdidas de la empresa se camuflaran. Así mismo, considera que el concejal de Más Madrid- Ganar Móstoles, Gabriel Ortega, actuó de forma negligente y en connivencia con el Partido Popular al no realizar la auditoría que se le exigió por parte de la Alcaldesa Noelia Posse, jugando con el dinero público y manejando la empresa durante su etapa de Consejero Delegado como si fuera "un chiringuito" de Más Madrid, por lo que es necesario depurar responsabilidades para que esto no vuelva a ocurrir.
"La realidad es que se ha jugado con el empleo de 28 trabajadores y con más de 24 millones de dinero público perdidos. El Gobierno de Móstoles, formado por PSOE y Podemos, garantiza los puestos de trabajo y realizaremos todas las actuaciones que sean necesarias para recuperar este dinero de todos", concluye la Consejera Delegada, Marisa Ruiz.