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DiscapacidadImagen en alta resolución. Este enlace se abrirá mediante lightbox, puede haber un cambio de contextoDiscapacidadEl Pleno del Ayuntamiento de Móstoles ha aprobado una declaración institucional en la que se compromete a trabajar en la eliminación de aquellas barreras que impidan que las personas con discapacidad participen en la sociedad en igualdad de condiciones que el resto. Para ello, el Consistorio mostoleño promoverá la creación de un marco de derechos inclusivos que otorguen preferencia a las decisiones vitales de las personas con algún tipo de discapacidad y se fomente su plena participación en la sociedad.

En el ámbito europeo, la Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020 plantea como objetivo garantizar la accesibilidad a los bienes y servicios, en especial los servicios públicos y los dispositivos de apoyo para las personas con discapacidad, centrándose en la supresión de barreras y estableciendo como ejes básicos la participación, la igualdad, el empleo, la formación y la protección social.

A nivel estatal, el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, tiene por objeto garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades y de trato a las personas con discapacidad, incidiendo en los ámbitos ya mencionados, y haciendo mención expresa de la obligación que tienen las instituciones públicas respecto de proporcionar accesibilidad a los servicios e instalaciones de uso público, oficinas de atención, edificaciones, entornos, medios de transporte, información, etc.

Desde Móstoles se insta a un Pacto de Estado que determine lo que debe ser un reconocimiento efectivo de los derechos sociales para las personas que necesitan apoyo para su autonomía personal, por lo que los grupos políticos con representación municipal solicitan que se refuerce la puesta en práctica de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas con Dependencia.

Las personas con discapacidad tienen derecho a que desde los poderes públicos, y especialmente desde el Ayuntamiento, por ser la administración más cercana, se lleven a cabo actuaciones que les permitan más autonomía personal, alcanzar mayores cotas de accesibilidad y, por lo tanto, desarrollar todas sus capacidades en condiciones de igualdad. De lo contrario, es el conjunto de la sociedad la que pierde la oportunidad de aprovechar el potencial de las personas con discapacidad.