El Pleno de Móstoles promueve la aprobación de una Ley que garantice el Derecho Básico a la Alimentación en la Comunidad de Madrid
- Un número significativo de familias de la Comunidad de Madrid no acceden a una alimentación suficiente y adecuada, un problema que afecta de manera más preocupante a la población infantil. Hasta ahora, esta situación no ha sido abordada en la región de forma organizada y estructurada ni con la suficiente intensidad.
- La propuesta de Ley parte de que el derecho a la alimentación se tiene que ejercer y reconocer desde los poderes públicos para garantizar el acceso regular, permanente y sin restricciones a la alimentación.
Imagen en alta resolución. Este enlace se abrirá mediante lightbox, puede haber un cambio de contextoEl Pleno de Móstoles ha aprobado una Moción presentada por los Grupos Socialista, Ganar Móstoles e IU Comunidad de Madrid-Los Verdes de apoyo a una proposición de Ley de Garantía del Derecho Básico a la Alimentación en la Comunidad de Madrid.
Esta iniciativa está fundamentada en el reconocimiento del derecho a una alimentación adecuada en el Derecho Internacional a través de Tratados Internacionales, en los que los Estados firmantes están obligados a asumir un papel protector y garante del derecho básico de toda persona a tener un nivel de vida adecuado para sí y para sus familias.
El Pleno del Ayuntamiento llevará a cabo las gestiones oportunas para que se constituya una comisión compuesta por los alcaldes de la Comunidad participantes en esta iniciativa legislativa popular y de los ayuntamientos, a fin de que se eleve la propuesta de ley a la Asamblea de Madrid.
Un número significativo de familias de la Comunidad de Madrid no acceden a una alimentación suficiente y adecuada, un problema que afecta de manera más preocupante a la población infantil. Hasta ahora, esta situación no ha sido abordada en la región de forma organizada y estructurada ni con la suficiente intensidad.
La Comunidad de Madrid cuenta con competencias que permiten a la Asamblea de Madrid legislar sobre esta materia. De tal manera que, a través de una disposición legislativa, los poderes públicos deben asumir la obligación de adoptar medidas concretas y definidas para facilitar el ejercicio del derecho a la alimentación a los grupos más vulnerables económica y socialmente que por sí mismos no pueden acceder a una alimentación adecuada y suficiente.
La propuesta de Ley parte de que el derecho a la alimentación se tiene que ejercer y reconocer desde los poderes públicos para garantizar el acceso regular, permanente y sin restricciones a la alimentación.
En la misma se incorpora un diagnóstico riguroso de las carencias y necesidades de la población, establece las medidas organizativas necesarias y prescribe los recursos necesarios para cumplir los objetivos.
Esta Ley persigue generar un marco legal concreto, que complementa y refuerza la legislación de la Renta Mínima de Inserción y permite dotar al Ayuntamiento de los instrumentos jurídicos, recursos y capacidades suficientes y efectivas para que se pueda hacer frente a la insolvencia alimentaria.
Para hacerlo efectivo, la Ley propone algunos instrumentos como la existencia de un fondo de emergencia alimentaria gestionado por la Comunidad de Madrid, planes municipales basados en las necesidades de alimentación en su ámbito territorial y por último, la creación de un Observatorio de la emergencia Alimentaria que facilite información sobre la situación alimentaria, evalúe los resultados obtenidos y permita difundir buenas prácticas e información relevante sobre la alimentación y su impacto entre la población de la Comunidad de Madrid.
