A petición de todos los Grupos Municipales la alcaldesa de Móstoles propone que una comisión municipal investigue las irregularidades en la adjudicación de la fallida línea ferroviaria hasta Navalcarnero
- Noelia Posse firma un proyecto de acuerdo para la creación de una nueva comisión de investigación relacionada con el "caso Lezo" que se someterá a debate y votación en la próxima sesión plenaria del Ayuntamiento.
- El texto de la propuesta señala que el asunto es de "evidente interés municipal", no sólo por el perjuicio que causa a la ciudadanía la paralización de la obra, sino porque el Ayuntamiento fue parte codemandada en el recurso interpuesto por la adjudicataria contra la Comunidad de Madrid.
Imagen en alta resolución. Este enlace se abrirá mediante lightbox, puede haber un cambio de contextoLa alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse, firma un proyecto de acuerdo sobre la creación de una comisión de investigación relativa a la fallida línea ferroviaria hasta Navalcarnero que se someterá a debate y votación en el próximo Pleno Municipal a celebrar el jueves, 25 de octubre.
En el texto de la propuesta se recuerda que el tren de Móstoles a Navalcarnero data de 2007, la época de Esperanza Aguirre al frente de la Comunidad de Madrid, un proyecto presupuestado en más de 350 millones de euros, adjudicado a Cercanías Móstoles Navalcarnero, S.A, -cuyos accionistas son OHL S.A. Y OHL S.L.-.
De igual forma, se explica que la justicia investiga actualmente la licitación y una presunta "mordida" de más de un millón de euros cuyo destinatario fue, presuntamente, el también ex presidente regional Ignacio González.
Hay que añadir que este proyecto paralizo la ciudad durante años cortando el acceso en la Avenida de Portugal y a la estación de Cercanías Móstoles Central perjudicando a decenas de miles de Mostoleños con el beneplácito de los gobiernos del Partido Popular de Esteban Parró y Daniel Ortiz, actualmente investigados en Púnica, otra trama de corrupción del Partido Popular.
El proyecto de acuerdo cita también la moción de los tres grupos políticos en el Gobierno Municipal (PSOE, Ganar Móstoles e IUCM-LV) aprobada en sesión plenaria en abril de 2017 por la que se acordó la personación del Ayuntamiento como acusación particular en el Procedimiento de Diligencias Previas 91/2016 relacionado con la presunta corrupción en la gestión del Canal de Isabel II (caso Lezo).
En aquel momento, se planteó, asimismo, incorporar a la Comisión de Investigación ya preexistente sobre el caso Púnica, aquellos hechos de la operación Lezo contra la presunta corrupción del Partido Popular que pudieran afectar al municipio de Móstoles.
Sin embargo, la propia Comisión, en reunión mantenida en junio de 2017, consideró que era preferible que se elevase al Pleno la creación de una nueva Comisión de Investigación para el estudio de estos otros hechos, conclusión aprobada por unanimidad de todos los grupos políticos.
Y al tiempo, por otro lado, el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional rechazó la pretensión del Ayuntamiento de personarse en las Diligencias que estaba instruyendo.
Personación que, sin embargo, sí se admitió en enero del presente año, a raíz de la investigación abierta sobre la explotación de la línea ferroviaria Móstoles-Navalcarnero, de modo que se entiende ahora que es el momento para la creación de esa Comisión investigadora.
Motivos para la investigación en Móstoles
Los motivos son dobles: en primer lugar, los perjuicios que la paralización de la obra ha provocado a la población de Móstoles, que no verá cumplidas sus aspiraciones de contar con un metro ligero que una su casco urbano con Navalcarnero, ni tampoco el soterramiento del ferrocarril, ni mucho menos la implantación de nuevas paradas en Parque Coímbra y la proyectada plataforma logística.
Un segundo motivo es el hecho de que el Ayuntamiento de Móstoles fue parte codemandada en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la empresa adjudicataria contra la Comunidad de Madrid.
En este punto, conviene recordar que el Consistorio mostoleño suscribió un convenio con la Comunidad de Madrid en 2006 en virtud del cual el Ayuntamiento se comprometía a aportar 50 millones de euros para la financiación de la obra.
Paradójicamente, en cambio, paralizadas las obras por la incapacidad de la adjudicataria de conseguir los recursos financieros ajenos (el 76% de la inversión) a los que estaba obligada, la empresa reclamó la aportación comprometida por Móstoles, algo que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid desestimó mediante sentencia de marzo de este mismo año.
Móstoles es, por tanto, epicentro de este conflicto actualmente en manos de los tribunales, lo que no es incompatible con una investigación en sede municipal que aclare las posibles vinculaciones entre estos hechos y quienes han ostentado durante aquellos años el gobierno de la ciudad.
