Ayuntamiento de Mostoles

• La alcaldesa, Noelia Posse, recuerda que la adjudicación, por parte del Partido Popular, de este contrato a esta empresa en la época del ex alcalde Daniel Ortiz puso a Móstoles en el mapa de la vergüenza nacional y mostró su "orgullo" por poder anunciar el comienzo del final del "capítulo más oscuro de la historia de la democracia en Móstoles".
  
  
• Un análisis financiero del cumplimiento del contrato arroja una deuda de la empresa con el Ayuntamiento de más de 4 millones de euros por los incumplimientos de estos años.
  
  
• Se han revisado individualmente más de 28.000 partes de trabajo de mantenimiento correctivo, con la conclusión de que sólo se ejecutó un 40% de los trabajos en los 51 meses de contrato.
  
  
  

Imagen en alta resolución. Este enlace se abrirá mediante lightbox, puede haber un cambio de contextorueda prensa Cofely 1El Ayuntamiento de Móstoles ha iniciado el expediente de rescisión del contrato de suministro y servicios energéticos y mantenimiento integral de Edificios Municipales y Centros Educativos del Municipio adjudicado a Cofely, el más importante adjudicado en el Ayuntamiento, por un servicio a prestar en 12 años y un importe de más de 73 millones de euros.

La alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse, que anunció el inicio del expediente en rueda de prensa junto al segundo teniente de alcaldesa, Gabriel Ortega, y el concejal de Medio Ambiente, parques y jardines y limpieza viaria, responsable del mantenimiento de edificios públicos, manifestó su "orgullo" por poder anunciar el principio del fin del "capítulo más oscuro y negro de la historia de la democracia en la ciudad de Móstoles, protagonizado por el Partido Popular y por quienes en primera persona formaban parte del gobierno popular en 2004, y que hoy aún son líderes de ese partido, como son Mirina Cortés, Alberto Rodríguez de Rivera y Mercedes Parrilla".

El contrato, que hizo tristemente famoso al Ayuntamiento de Móstoles cuando, en octubre de 2014, la Guardia Civil entró a registrar las dependencias municipales, fue adjudicado con los votos favorables de un gobierno del que formaban parte quienes, a día de hoy, dirigen el Partido Popular de Móstoles, quienes "levantaron la mano en favor de Cofely", afirmó la regidora.

La adjudicación a Cofely, que empezó a investigar poco tiempo después el juez Eloy Velasco, y fue incluida en la Trama Púnica, es la causa que hizo dimitir y mantiene a día de hoy en condición de investigado a Daniel Ortiz, segundo alcalde del Partido Popular de la ciudad, que además fue teniente de alcalde, delfín y sucesor designado del otro alcalde popular investigado por Waiter Music, pieza también de la Trama Púnica, Esteban Parro.

El inicio de las gestiones para la rescisión del contrato con Cofely lo inició la propia Noelia Posse en junio de 2015 cuando se le delegaron las competencias en el mantenimiento de edificios públicos.

La alcaldesa destacó las dificultades que el Ayuntamiento, y en concreto la Concejalía de Medio Ambiente, se ha encontrado durante estos años, desde la llegada al gobierno municipal del nuevo equipo, para conseguir el inicio de este expediente, y reconoció que "nos hubiera gustado acabar de un plumazo con este contrato cuando llegamos, pero ha sido muy complicado llegar a este punto".

Por su parte, el segundo teniente de alcaldesa, Gabriel Ortega, recordó que "sacar a Cofely" del Ayuntamiento fue una promesa electoral en 2015, y afirmó que "el que la hace la paga, y nosotras y nosotros decimos lo que pensamos y hacemos lo que decimos".

Cofely, añadió, siempre se ha negado a facilitar los datos sobre consumos, ahorro y eficiencia energética, que precisamente, dijo Ortega, era el principal objeto del contrato, razón por la que Móstoles se convierte en el primer ayuntamiento que no llega a acuerdo con la compañía, sino que "les echamos reclamándoles más de 4 millones de euros por los trabajos no realizados", a falta de una auditoría que determinará daños y perjuicios.

Al finalizar los procedimientos administrativos, se trabajará en la remunicipalización del servicio, que será prestado por trabajadores municipales. "Todos sabemos cómo entró esta empresa en nuestro Ayuntamiento, y hoy, toda la ciudadanía mostoleña sabrá cómo va a salir", concluyó.

Reclamación millonaria

En el mes de junio de 2015, nada más tomar posesión, el nuevo equipo de Gobierno se encontró con una reclamación de Cofely de rescisión del contrato a la que acompañaba la exigencia del pago de más de 12 millones de euros "por lucro cesante", y unas inversiones que ahora se ha demostrado que nunca se hicieron.

Desde entonces, destacó el concejal de Medio Ambiente, responsable del mantenimiento de edificios públicos, Miguel Ángel Ortega, se ha desarrollado un "inmenso trabajo por parte del personal municipal para sacar a esta empresa de este municipio" que ha culminado esta semana con la aprobación del inicio de expediente por parte de la Junta de Gobierno.

El concejal explicó que los 4 millones de euros que Cofely debe se cobrarán liquidando la amortización de las inversiones que efectivamente se realizaron, e incautando la fianza depositada por la empresa, más de 3 millones de euros.

Ortega aseguró que la actitud de Cofely "ha puesto a este Ayuntamiento contra las cuerdas" en muchas ocasiones y ha deteriorado gravemente las instalaciones, de modo que anunció una "reclamación millonaria" vía auditoría pericial, "por el daño que la empresa ha causado a los edificios, instalaciones, colegios públicos, a los escolares de Móstoles y ciudadanía en general".

El concejal responsable del mantenimiento de edificios auguró un plazo de cuatro o cinco meses para que finalice el procedimiento administrativo y explicó que el asesoramiento jurídico externo que ha analizado el contrato, sumamente complejo, recomienda elevar el caso a la Audiencia Nacional, puesto que hay "serios indicios de delito en algunas de las prestaciones y en la ocultación de datos al Ayuntamiento".

Los datos

El expediente de rescisión del contrato incluye, además de informes técnicos y jurídicos, un análisis financiero del cumplimiento del contrato hasta el 31 de agosto de 2018, elaborado por un consultor financiero especializado, lo que permite establecer una liquidación provisional del impacto económico de la rescisión, que se resume en más de 4 millones de euros que la empresa debe al Ayuntamiento de Móstoles, a falta de una auditoría pericial que evalúe los daños y perjuicios sufridos por la institución.

Los datos que sustentan el análisis financiero se han obtenido inspeccionando y contabilizando la totalidad de los elementos que constituían la oferta de inversión formulada por Cofely, así como analizando el plazo en que se ejecutó dicha oferta.

El importe total de las inversiones analizadas asciende a 5.413.578,46 € que debían ser amortizadas durante toda la vida del contrato y ejecutadas en los seis primeros meses de vigencia.

Así, por ejemplo, se han inspeccionado los siguientes elementos que debían haberse instalado en los edificios municipales:

• 1.265 detectores de presencia
• 13.072 lámparas led.
• 230 interruptores horarios
• 1.392 luminarias de bajo consumo en exteriores.
• 9.227 válvulas termostáticas
• 1.248 dispositivos de ahorro de agua
• 1.556 perlizadores en grifos
• 106 regletas inteligentes múltiples.
• 31 baterías de condensadores

Igualmente, mediante inspecciones específicas, se ha certificado el grado de cumplimiento de otras inversiones, como por ejemplo, mejora de la eficiencia energética de ascensores en aquellos edificios con 2 o más elevadores; la instalación de una plataforma informática de interoperabilidad con control de todas las instalaciones, o campañas de asesoramiento a comunidades de vecinos para orientarles sobre cómo hacer más eficientes sus edificios y con ello, ahorrar en su factura energética.

Gracias a un intenso trabajo de los técnicos municipales, se han revisado individualmente más de 28.000 partes de trabajo de mantenimiento correctivo, estableciendo el porcentaje de ejecución de los mismos en los plazos contratados, que fue solo de un 40% en los 51 meses de contrato.

Con todos los datos obtenidos por los servicios técnicos del Ayuntamiento por medio de las inspecciones realizadas, se ha determinado el grado de cumplimiento del contrato y, por tanto, el importe que ha pagado el Ayuntamiento de Móstoles por inversiones no realizadas o por servicios no prestados o no prestados en los plazos contratados.

Igualmente, se han analizado todos los costes que ha tenido que soportar el Ayuntamiento para resolver situaciones críticas derivadas del incumplimiento por parte de Cofely (empleo de personal propio para atender partes incumplidos, compra de materiales de trabajo, etc).

El resultado de este análisis financiero es un saldo provisional, a falta de realizar la auditoria pericial que evalúe los daños y perjuicios sufridos por el Ayuntamiento, de 4.014.349,60 € a favor del Ayuntamiento de Móstoles.

Descontando a este saldo neto a favor del Ayuntamiento las inversiones efectivamente realizadas y aún no amortizadas (1.971.325,21 €), COFELY adeuda al Ayuntamiento, a 31 de agosto de 2018, 2.043.024,39 euros.

Otros datos de interés:

• El porcentaje medio de resolución de partes de trabajo de mantenimiento correctivo durante los 51 meses de contrato analizados, ha sido del 40.72%.

• Los trabajos de mantenimiento correctivo nunca se han prestado en los términos contratados, así, por ejemplo, el primer mes de contrato con COFELY, junio 2014, tan sólo se resolvieron el 30.34% de los partes dados.

• El objeto principal de este contrato era conseguir una mayor eficiencia energética y ahorros en los suministros de agua, electricidad y gas que debían haber compartido con el Ayuntamiento de Móstoles. Cofely siempre se ha negado a facilitar datos sobre consumos, por lo que es posible que exista un enriquecimiento ilícito de la empresa que se determinará mediante la Auditoria y Peritaje que el Ayuntamiento está contratando.

• La misma Auditoría será la que determine el importe total que Cofely adeuda al Ayuntamiento de Móstoles por los gastos que a futuro deberá asumir por el incumplimiento de contrato, como por ejemplo, el coste de adecuar a normativa todas las instalaciones municipales, o el coste de corregir la degradación de las instalaciones por falta de mantenimiento, por lo que el importe, a favor del Ayuntamiento de Móstoles, de la liquidación definitiva de este contrato previsiblemente será muy superior al saldo provisional liquidado ahora.